D. Internacional Público

¿Qué material bélico está prohibido?

Aunque parezca mentira, hasta en la guerra existen normas, límites, prohibiciones… en definitiva, el Derecho también resulta de aplicación incluso en los conflictos bélicos. Cuestión distinta será que los países implicados quieran respetar o no dichas normas ateniéndose a los conflictos diplomáticos que puedan surgir por vulneración de las mismas.

Las normas que regulan dichas cuestiones provienen de lo que se conoce como Derecho Internacional Humanitario el cual entre otras cuestiones contiene principios y normas básicos que rigen la elección de armas y prohíben y restringen el empleo de las mismas.

En este texto iremos exponiendo, de la más antigua a la más moderna, normas que han ido prohibiendo determinadas armas o materiales bélicos en un intento de “humanizar” la guerra, si es que fuera posible algo así.

Ø  Declaración de San Petersburgo de 1868: En dicha norma se dice lo siguiente: “Las Partes contratantes se comprometen a renunciar mutuamente, en caso de guerra entre ellas, al empleo por sus tropas de tierra o de mar de cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explosivo, o que esté cargado con materias explosivas o inflamables”. De esta forma, proyectiles demasiado ligeros, las balas explosivas o las balas incendiarias quedan prohibidas para los países firmantes de la Declaración.

Ø  Declaración de La Haya de 1899: Aquí se expuso lo siguiente: “Las Potencias contratantes se prohíben el empleo de balas que se ensanchan o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano” Con ello se prohibía lo que normalmente se conoce como munición expansiva, también llamadas balas Dum Dum recibiendo el nombre del barrio donde fueron fabricadas por primera vez. Esta munición se permite, por ejemplo, en el deporte de la caza pero, queda terminantemente prohibida en caso de guerra pues resulta ser munición que en contacto con el cuerpo se expande (efecto de cavitación) produciendo una especie de explosión que desgarra el tejido corporal y fragmenta los huesos.

Ø  Reglamento de La Haya de 1907: En el artículo 23 a) se expuso que quedarían prohibidas las armas envenenadas o el mero hecho de utilizar veneno en la guerra. Esta norma internacional fue el precedente de otras posteriores que prohibirían definitivamente las armas químicas.

Ø  Protocolo de Ginebra de 1925 (ampliado por la Convención sobre la prohibición de las armas químicas de 1993): En el citado Protocolo se expuso que el empleo en las guerras de gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como de todos los líquidos, materias o procedimientos análogos, había sido a justo título condenado por la opinión general del mundo civilizado y que por esta razón las armas químicas quedaban prohibidas. Después el artículo 1 de la Convención del 1993 obligaría a los Estados parte en la prohibición de desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o retener armas químicas, o transferir, directa o indirectamente, armas químicas a cualquier persona; usar armas químicas; participar en cualquier preparación militar para el uso de armas químicas; y ayudar, alentar o inducir, de cualquier manera, a cualquier persona a participar en cualquier actividad prohibida a un Estado Parte en virtud de la Convención.

Ø  Nuevamente el Protocolo de Ginebra de 1925 pero, esta vez, ampliado por la Convención sobre la prohibición de las armas biológicas de 1972: Aquí el Protocolo extendió literalmente la prohibición a las armas bacteriológicas de la siguiente forma: “las Altas Partes contratantes…  aceptan extender esta prohibición de empleo a los medios de guerra bacteriológicos”. Posteriormente la Convención del 1972 en su artículo primero expresaría que: “cada Estado parte en la presente Convención se compromete a no desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener, nunca ni en ninguna circunstancia: 1) agentes microbianos  u otros agentes biológicos o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos. 2) Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados.

Ø  Protocolo I de 1980 a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales: este Protocolo tuvo por objeto prohibir el empleo de cualquier arma cuyo efecto principal fuera lesionar mediante fragmentos que no pudieran localizarse por rayos X en el cuerpo humano.

Ø  Coetáneo con el anterior, el  Protocolo III de 1980 a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales: este Protocolo prohíbe el uso de armas incendiarias, principalmente, siempre que pueda haber civiles cerca. El artículo 1 del Protocolo define lo que debemos conocer como armas incendiarias; (“toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco”) serían por ejemplo: lanzallamas, proyectiles explosivos, cohetes, granadas incendiarias, napalm, fósforo blanco o munición incendiaria (exceptuando las trazadoras y demás municiones iluminantes o de señalamiento y también las municiones concebidas para combinar efectos de penetración, explosión o fragmentación con un efecto incendiario adicional, tales como los proyectiles perforantes de blindaje, los proyectiles explosivos de fragmentación, las bombas explosivas y otras municiones análogas de efectos combinados, en las que el efecto incendiario no esté específicamente concebido para causar quemaduras a las personas, sino para ser utilizado contra objetivos militares tales como vehículos blindados, aeronaves e instalaciones o servicios). En el artículo segundo se menciona que en ningún caso este tipo de armas podrán ser utilizadas contra población civil; si por ejemplo, planeando atacar objetivos militares hay riesgo de afectar con dichas armas a los civiles, no podrá atacarse. Asimismo quedaría prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u otros tipos de cubierta vegetal, salvo cuando esos elementos naturales se utilicen para cubrir, ocultar o camuflar a combatientes u otros objetivos militares, o sean en sí mismos objetivos militares.

Ø  La siguiente norma es de 1995 y se trata del Protocolo IV a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales por el que se prohíben las armas láser cegadoras: se prohibiría por tanto utilizar armas o instrumentos que estuvieran destinados a causar ceguera permanente. En virtud al artículo 3 esgrime que no estaría prohibido el empleo de instrumentos legítimos con fines militares de sistemas láser, incluido el empleo de los sistemas láser utilizados contra equipo óptico que de manera fortuita o accidental pudieran ocasionar ceguera.

Ø  En el año 1996 se desarrolló el Protocolo II a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales por el que se prohibiría el empleo de minas, armas trampa y "otros artefactos": mediante esta norma, no podrían emplearse o, al menos, se restringiría el uso de minas terrestres (antipersonal y antivehículos), armas trampa [artefacto concebido o adaptado para matar o herir, y que funcione inesperadamente cuando una persona mueva un objeto al parecer inofensivo (como abrir una puerta) o se aproxime a él] y otros artefactos explosivos (municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos improvisados, que estén concebidos para matar o herir y que sean accionados manualmente, por control remoto o de manera automática con efecto retardado).

Por un lado, queda prohibido: emplear las armas a las que se aplica el Protocolo cuando estén concebidas de tal forma o que sean de tal naturaleza que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios (art.3, párr. 3); emplear esas armas cuando estén concebidas para explotar ante la presencia de un detector (art. 3, párr. 5); emplear esas armas contra la población civil o bienes de carácter civil (art. 3, párr. 7); emplear esas armas de manera indiscriminada (art. 3, párr. 8).

Por otro lado, los Estados y otras partes en conflicto que empleen tales armas deberán: retirarlas tras el cese de las hostilidades activas (art. 3, párr. 2, y art. 10); tomar todas las precauciones viables para proteger a las personas civiles de los efectos de tales armas (arts. 3, párr. 10); dar aviso previo efectivo de todos los emplazamientos de estas armas que puedan afectar a la población civil (art 3, párr. 11); registrar y conservar toda la información concerniente a la ubicación de esas armas (art. 9 y Anexo Técnico); tomar medidas de protección de las fuerzas y misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, de las misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja y de otras misiones con fines humanitarios contra los efectos de esas armas (art. 12).

Respecto a los preceptos específicos de cada una de estas armas:

Respecto a las Minas: todas las minas antipersonal deben ser detectables con un equipo corriente de detección de minas (art. 4 y Anexo Técnico); las minas antipersonal que no sean minas lanzadas a distancia deberán estar provistas de mecanismos de autodestrucción y de autodesactivación que se ajusten a lo dispuesto en el Anexo Técnico, a no ser que (art. 5): a) estén colocadas en campos señalados, cercados y vigilados por personal militar para impedir efectivamente que las personas civiles penetren en ellos, y b) se retiren antes de evacuar la zona; las minas antipersonal y antivehículos lanzadas a distancia deben esta provistas de mecanismos de autodestrucción y de autodesactivación o autoneutralización que se ajusten a lo dispuesto en el Anexo Técnico (art. 6); quedan prohibidas las transferencias de minas cuyo uso esté proscrito. No se puede transferir ningún mina a un receptor distinto de un Estado y está prohibido transferir minas antipersonal a Estados que no están obligados por el Protocolo, a no ser que este Estado acepte aplicarlo (art. 8).

Respecto a Armas trampa y otros artefactos: las armas trampa y otros artefactos no pueden (art. 7): tener el aspecto de objetos portátiles inofensivos; emplearse en el interior de una concentración de civiles en la que no se libren combates; estar vinculados o asociados, entre otras cosas, a los emblemas y signos protectores reconocidos, a personas enfermas, heridas o muertas, a equipos sanitarios, juguetes, alimentos o monumentos históricos.

Ø  Un año más tarde (1997) se aprobó la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal: en esta Convención terminaba de prohibirse definitivamente las minas antipersonal, pues en su artículo 1 se dice: 1. “Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia: a) emplear minas antipersonal; b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal; c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención. 2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad con lo previsto en esta Convención”.

Ø  En 2003 se aprobó el Protocolo V a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales sobre los restos explosivos de guerra: por “restos explosivos de guerra” se entiende los artefactos utilizados o disparados pero que no hicieron explosión como hubieran debido (artefactos sin estallar) y reservas de artefactos explosivos dejados en el campo de batalla (artefactos abandonados). Esas armas incluirían obuses, granadas de mortero, granadas de mano, bombas racimo y otras submuniciones, así como otras armas análogas. Mediante el Protocolo V cada parte en un conflicto armado deberá tras el cese del conflicto tomar medidas para reducir los peligros que entrañan los restos explosivos de guerra por ejemplo retirando dichos restos, cooperando y asistiendo a víctimas y perjudicados…

Ø  Es importante mencionar la Convención sobre municiones en racimo de 2008: esta norma establece un marco general para abordar los problemas asociados a este tipo de armas. Prohíbe el empleo, la producción, la adquisición, el almacenamiento, la retención y la transferencia de municiones en racimo. Además, dispone que los Estados deben destruir sus reservas de municiones en racimo, los compromete a limpiar las áreas contaminadas con submuniciones sin estallar o con municiones en racimo abandonadas y obliga a los mismos a brindar atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico e inserción socioeconómica de las víctimas de municiones en racimo en zonas de su jurisdicción.

Por último debemos comentar que en una opinión consultiva de 1996, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas considera el uso de armas nucleares una violación del Derecho Internacional Humanitario a pesar de que no existe una prohibición total en el Derecho Internacional Consuetudinario ni tampoco en las convenciones internacionales. Por otra parte, es difícil imaginar cómo el uso de armas nucleares podría ser compatible con sus normas, en particular con los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

Toda la anterior normativa es la que debe respetarse respecto a la armamentística y demás instrumentos bélicos durante una guerra. Si bien es cierto que existen todas estas limitaciones, no debemos olvidar que algunos países no han ratificado o formado parte de los Convenios y que algunos, incluso formando parte, han podido llevar a cabo de forma subrepticia actuaciones prohibidas por las mencionadas normas, pues la guerra es la mayor de las irreverencias del ser humano donde todo resulta inhumano. Por ello es interesante plantearse la siguiente cuestión “¿Es humanizable lo naturalmente inhumano?”

Fundamentos de Derecho Espacial o Interplanetario.

Es lógico considerar que cada país que forma parte de nuestro planeta se rija por la normativa interna de dicho país; también es lógico pensar que el derecho internacional público y privado regule las distintas relaciones e incidentes transfronterizos en las que se ven inmersas varias naciones, pero… ¿Qué derecho rige en el universo? ¿Qué regula las relaciones entre los distintos países que deciden enviar astronautas al espacio? Y no menos importante ¿Qué normativa regula las relaciones entre los propios astronautas en el espacio?

Pasemos pues, a conocer los cuerpos normativos que integran el llamado “Corpus Iuris Spatialis”

El primero de todos, y el que nos permite conocer una serie de principios clave a tener en cuenta en el espacio, es el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes o también llamado “Tratado General del Espacio”. Luego posteriormente fueron surgiendo una serie de normas internacionales tales como: el Acuerdo sobre salvamento de astronautas (1967), el Convenio sobre Responsabilidad Internacional por daños causados por objetos espaciales (1971), el Convenio sobre el Registro de objetos en el espacio (1974) y el Acuerdo de la Luna y otros cuerpos celestes (1979).

La anterior normativa citada, ha sido desarrollada gracias a Naciones Unidas; el Tratado General del Espacio, a día de hoy, ya ha sido ratificado por más de 100 países los cuales han decidido quedar vinculados por los principios que del mismo dimanan. Este Tratado es la norma básica del Derecho Espacial y en su articulado se recogen normas como las siguientes:

-          Independientemente del desarrollo científico o económico de los países de nuestro planeta, todos deben beneficiarse de la exploración, avances y utilización del espacio exterior o ultraterrestre, pues el universo es de todos y para todos sin que ningún país, organismo o persona, ya sea física o jurídica, pueda apropiarse individualmente de nada que forme parte del espacio.

-          Los países que formen parte del Tratado deben explorar el espacio ultraterrestre de acuerdo con los principios de cooperación, paz, seguridad y comprensión de todos. Se informarán de los procedimientos de exploración, actividades y hallazgos al Secretario General de Naciones Unidas así como al público y a la comunidad científica internacional.

-          Los Estados firmantes se comprometen a no colocar en la órbita armas nucleares o de destrucción masiva que apunten a la Tierra ni a realizar ensayos ni ejercicios militares. Todo evento debe estar dirigido a fines científicos y objetivos pacíficos. Esto será sin perjuicio de que el ejército pueda ser enviado al espacio, pero jamás con fines bélicos sino pacíficos con el fin de, por ejemplo, colaborar técnica o científicamente.

-          La denominación de astronauta para el derecho es la de “enviado de la humanidad”; estos deben prestarse ayuda entre ellos sin hacer distinciones de nacionalidad, sexo, raza, religión o análogos. Todo hallazgo deberá compartirse con la comunidad internacional. A su vez, los astronautas tienen derecho a que, aterricen donde aterricen al llegar a la Tierra, se les trate adecuadamente, se les ampare y se les facilite su vuelta al país que les corresponda. Los países firmantes del Tratado deberán facilitar toda la información posible a los astronautas sobre posibles riesgos del espacio que pudieran afectar a su vida o su salud.

-          Los Estados Partes del Tratado son responsables de todos los objetos, vehículos o personas que pongan en órbita de tal forma que si de estos se derivaran daños a terceros, el país emisor de los mismos sería el responsable. Si en lugar de un único país, habláramos de daños producidos por una organización internacional, los responsables serían, en principio, todos los países que formaran parte de dicha organización internacional.

-          Para que una entidad privada pueda llevar a cabo actividades espaciales en las que se pongan en órbita artefactos o personas, será necesaria la autorización y fiscalización del país que corresponda.

-          Al igual que ocurría con los astronautas, los objetos que cayeren fuera del territorio del Estado Parte del Tratado, deberán serle restituidos al mismo una vez acreditada la procedencia del objeto. En ningún caso, los Estados firmantes podrán explorar de tal forma que se produzca una contaminación nociva o cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de la introducción en él de materias extraterrestres, por ello, deberán adoptar todas las medidas necesarias. Si la actividad de un Estado firmante puede obstaculizar la de otro, deberá consultar a los órganos internacionales oportunos (generalmente se trata de la ONU). De la misma forma que si un Estado cree que otro pueda obstaculizar alguna actividad que viniera a desarrollar, podrá solicitar que se someta a consulta.

-          Todo artefacto lanzado al espacio ultraterrestre o sea establecido en la Luna o Cuerpos Celestes puede ser accesible y utilizable por otros Estados, siempre y cuando se informe de antemano.

-          Por último, cada Estado tiene jurisdicción y control sobre los objetos y personas lanzados al espacio. Esto quiere decir que los daños, perjuicios o delitos que un astronauta cometa en el Espacio, al llegar a la Tierra, deberá ser juzgado por dicho Estado donde se registró la nave. Esto se asemeja mucho a lo que ocurre en el Derecho Marítimo donde si se comete un hecho delictivo en aguas internacionales, la jurisdicción competente será la del pabellón del barco donde se hubiera cometido el crimen. Lo mismo pasa en el Derecho Aéreo donde la jurisdicción será la del país donde la aeronave estuviera matriculada. Esto lo sabemos gracias al octavo artículo del Tratado General del Espacio. Así pues, toda nave o cápsula tripulada, al ser registrada por un Estado, está sometida a la legislación penal, civil u otras ramas del derecho que tengan una aplicación basada en el territorio, del Estado de registro. Esta jurisdicción estatal se extiende a todas las personas a bordo, ya sean astronautas profesionales o “turistas espaciales”, y sea cual sea su nacionalidad. Y aun cabe interpretar que no queda confinada al interior de la nave, sino que abarca también aquellas actividades externas que utilicen la nave como base de operaciones, como por ejemplo, los paseos espaciales, o las caminatas de exploración por un cuerpo celeste. En la medida en que pueda rastrearse el origen de esas actividades extravehiculares a un objeto espacial en particular, el Estado que haya registrado dicho objeto tendría derecho a ejercer su jurisdicción sobre las mencionadas actividades sucedidas entre las personas que estuvieran en el espacio, o sea, inter privatos.

¿Entonces, qué ocurriría si la nave ha sido registrada por una organización internacional como ocurre con la Estación Espacial?

En tal caso, sería conveniente acudir al Acuerdo Intergubernamental de 1998.

Aquí el criterio, como regla general, sería el de la nacionalidad del autor del perjuicio o delito cometido. El país del presunto autor deberá someter a consulta y debatir con los países de los afectados en si se inician o no acciones legales. Si por lo que fuera, el país del autor no se pronunciara en un plazo de 90 días desde que tuviera constancia de lo sucedido, será competente de forma subsidiaria la jurisdicción del país del afectado o en su defecto, la jurisdicción del país al que le perteneciera el módulo donde acontecieron los hechos.

Uso de la fuerza entre países.

Lo primero que deberíamos analizar para saber correctamente a que nos estamos refiriendo es conocer el concepto de uso de la fuerza. El uso de la fuerza en el ámbito del derecho internacional sería el hecho de que un Estado cualquiera llevara a cabo medidas coactivas u opresoras para someter u obligar a otro Estado independiente, por ejemplo la situación de que un país mediante un conflicto armado presionara a otro a llevar a cabo una determinada actuación o enmendar una situación. La pregunta es: “¿Es lícito que un Estado emplee el uso de la fuerza?” o mejor dicho: “¿Cuándo es posible que un Estado pueda hacer uso de la fuerza y cuando no?”

Como regla general y a tenor del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Un Estado NO puede hacer uso de la fuerza contra otro, debe por lo tanto respetarse la soberanía de cada Estado y su independencia. Si por cualquier razón hubiera tensiones o controversias entre países deberán arreglar sus diferencias mediante métodos pacíficos como por ejemplo la negociación diplomática. Por lo tanto, como regla general, no podrá amenazarse ni emplear la fuerza contra otro Estado de forma injustificada. No obstante se prevén una serie de excepciones a este principio general donde sí que podrá utilizarse el uso de la fuerza.

En primer lugar, podrá utilizarse como legítima defensa ya sea individual o colectiva (con ayuda de otros países): esto es previsto por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y significaría que cuando un Estado llevara a cabo un acto calificado como agresión como por ejemplo, una invasión, ataques, bloqueo de aeropuertos o puertos... el Estado que sufriera dicha agresión podría emplear el uso de la fuerza para repeler la agresión. Eso sí, la medida que se llevara a cabo por parte del Estado agredido deberá ser inmediata, necesaria y proporcional al ataque. Inmediata en el sentido en el que efectivamente se haya consumado la agresión o al menos que el ataque sea inminente e inevitable, es decir, para llevar cabo una represalia es necesario que la agresión se haya producido o esté inmediatamente a punto de producirse lo que no significa que si el ataque aún no se hubiera producido un Estado no pueda defenderse y prepararse al respecto o sea llevar a cabo medidas de defensa. Esto quiere decir que se permite la legítima defensa anticipada, prepararse para el ataque, informar lo antes posible al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... pero no se permite la conocida como legítima defensa preventiva que sería el hecho de por ejemplo atacar o tomar represalias contra un Estado que aún no nos ha atacado ni agredido de ningún modo. Necesaria en el sentido de que no haya ninguna otra forma no violenta de repeler la agresión. Y proporcional en el sentido de que no sea más dañina la represalia que tome el país agredido que el daño que haya sufrido.

En función al artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas también será posible emplear el uso de la fuerza para mantener la paz y seguridad internacional: esto quiere decir que podrán llevarse las medidas de uso de la fuerza que dicte el Consejo de Seguridad. Este órgano será quien deberá investigar si la controversia puede poner en peligro la paz y seguridad internacional y deberá valorar qué tipo de medidas podrán llevarse a cabo según la situación.

Estas dos situaciones serían las permitidas por el derecho internacional público y más concretamente por la Carta de las Naciones Unidas.

Se ha discutido si en el caso de “Intervenciones Humanitarias” estaría justificado el uso de la fuerza y lo cierto es que la historia nos ha mostrado casos donde la respuesta ha sido afirmativa. Esto por ejemplo ocurrió cuando la OTAN empleó fuerza militar contra Yugoslavia sin haber recabado la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero como ya dijimos esto último es muy discutido y hay Estados donde se muestran totalmente en contra del empleo de la fuerza si no se trata de un supuesto de legítima defensa o autorización por parte del Consejo de Seguridad.